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El Gobierno regional pretende poder aprobar en marzo el Plan de Garantías Ciudadanas


Radio Azul SER - 16 / 02 / 2017 5: 46

El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará durante este año la elaboración de la Ley de Garantías Ciudadanas con el objetivo de “dotar de fuerza legal” al Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, incluido en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en 2017 y que cuenta con una dotación económica de algo más de 119 millones de euros.

El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha asistido hoy junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, a la reunión del Consejo Asesor de Servicios Sociales, ha informado de este Plan a los agentes y entidades sociales que lo integran. El objetivo es avanzar en el proceso de participación y consulta a los agentes sociales antes de ser remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha.

Tres ejes del Plan
El proyecto del Plan Integral de Garantías Ciudadanas está integrado por tres ejes o líneas programáticas: el Programa de Garantía Habitacional, para afrontar la insolvencia sobrevenida en materia de vivienda; el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar, para asegurar el acceso a la energía y agua a las personas en situación de pobreza severa; y el Programa de Garantía de Rentas, que contiene acciones para el acceso al empleo, a unos servicios de calidad en sanidad, educación y servicios sociales y el apoyo a la renta mínima que garantice el derecho de toda persona a unas prestaciones suficientes para combatir la exclusión social.

Desde la Consejería de Bienestar Social se aportan dos acciones fundamentales en el segundo y tercer eje: el Plan contra la pobreza energética y la versión mejorada del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Del Plan contra la pobreza energética, destaca que aporta apoyo económico preventivo a los hogares, proporciona empoderamiento energético a los ciudadanos más vulnerables (asesoramiento) y actúa en situaciones de endeudamiento para prevenir cortes de suministro y reponer servicios.

En 2016 ha atendido a 31.109 personas, de ellas el 48 por ciento son menores, mediante 8.492 ayudas para el pago de suministros energéticos y 440 acciones para evitar cortes o reponer servicios.

Respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad mejorado, no se suspenderá a los seis meses ni se agotará a los 24 máximos como hasta ahora, y dará cobertura a unidades familiares desprotegidas, sin ninguna prestación, con menores de 16 años a su cargo y se ampliará a mujeres víctima de violencia de género.


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